Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– El anuncio oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo que ocurrió el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, detalló que en un enfrentamiento con soldados resultaron acribillados 22 presuntos delincuentes. El comunicado se dio varias horas después de que el titular de la  Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Damián Canales Mena, informó que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del Ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal.

La versión dio un giro de 360 grados. La agencia internacional Associated Press (AP) dio a conocer en diarios internacionales que los presuntos delincuentes fueron en realidad fusilados por los soldados.

“Marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, publicó. La agencia afirmó que tenía pruebas de que los elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón (improvisado dentro de una bodega).

Hasta el viernes por la noche, las autoridades no habían desmentido esta versión. [VER TAMBIÉN: ¿Soldados fusilaron a los 22 de San Pedro Limón, Edomex? La prensa de EU sospecha que sí, y que no es la primera vez]

La directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro Bahena, cuestionó los hechos. “Estamos esperando un reporte oficial detallado sobre ese enfrentamiento en el cual el Ejército mató a 22 civiles armados y sólo sufrió un herido. No se han presentado evidencias”, dijo a la agencia de noticias de Rusia RIA Novosti.

“Aún se ignora en realidad qué ocurrió. El saldo de muertos lo convierte en uno de los enfrentamientos más grandes de los últimos meses. La versión oficial indica que se trató de una llamada de auxilio porque había tres mujeres secuestradas”, explicó.

El caso resulta alarmante no sólo porque es la entidad que gobernó el actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que durante los últimos meses –en la administración de Eruviel Ávila Villegas– ha repuntado en todos los delitos de alto impacto, según han denunciado diversos grupos civiles en varias ocasiones, pero del que no existen cifras claras de los índices de violencia.

En mayo pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal detalló –en su informe La Inseguridad en el Estado de México y el cerco criminal de la capital del país– que existe una manipulación de datos para simular una incidencia menor de homicidios de la que realmente existe.

El presidente del organismo, José Antonio Ortega Sánchez, expuso lo dudoso del paisaje estadístico en materia criminal a partir de 2006, precisamente el año en el que Peña Nieto se convirtió en Gobernador de la entidad y explicó que se “maquillaron” datos para la fabricación del personaje político.

“Nos lo trataron de vender como alguien exitoso en todos los ámbitos. También en el problema de seguridad pública. Alguien le aconsejó hacer este maquillaje, esta fabricación”, dijo. Sin embargo, el caso de Tlatlaya, evidenció que la política de disfrazar hechos violentos no ha cambiado con el actual gobierno.

LA VIOLENCIA DESATADA

La Sedena sostiene que “los soldados estaban patrullando en uno de los rincones más violentos y sin ley del país el 30 de junio, cuando fueron atacados desde un almacén en el que un grupo de 21 hombres y una mujer estaban escondidos”. Sin embargo, dos observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (ACNUR), que inspeccionaron el almacén momentos antes de que las autoridades estatales cerraran con la policía el lugar, señalaron que no encontraron signos de balas perdidas del tipo que quedarían por soldados que disparan armas automáticas desde la distancia.

A su vez, la AP reportó que médicos forenses del Estado de México que hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizados a dirigirse a la prensa, dijeron que los muertos eran en su mayoría jóvenes de 16 a 24 años, y que eran del vecino estado de Guerrero. Agregó también que “era el hogar de una banda de narcotraficantes, conocida como Guerreros Unidos, que al parecer está luchando contra el cártel de La Familia Michoacana por el control de rutas de la droga que salen de Michoacán”.

Especialistas en materia de seguridad han coincidido que el repunte de violencia en el Estado de México se debe a la guerra por el territorio entre organizaciones contrarias.

Erubiel Tirado, coordinador del Programa Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, comentó, en marzo pasado, que “gran parte del problema de la violencia que se vive en el Estado de México tiene que ver con la disputa de territorio entre grupos del crimen organizado” la cual, explicó, se tienen registrada desde hace ocho o seis años atrás. Es decir, desde que el Presidente Enrique Peña Nieto administró el estado mexiquense.

El especialista en Seguridad Nacional explicó que otro factor por el que hay mayor violencia en el Edomex se debe a “la estrategia anticriminal del gobierno, tanto del pasado [con el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa] como con la actual administración federal. El asentamiento de los criminales que salen en desbandada de otros estados y se asientan en otros”; es decir, se produce el “efecto cucaracha”.

ENFRENTAMIENTOS DUDOSOS

El reportaje de AP planteó, incluso, que no es la primera vez que Fuerzas Armadas del país dan a conocer “enfrentamientos” poco creíbles, en los que pudieron haber ocurrido este tipo de ejecuciones. También organizaciones civiles han cuestionado versiones de las autoridades federales respecto a este tipo de hechos.

La directora del IMDHD, Rocío Culebro, se mostró consternada por el involucramiento de fuerzas armadas. “Tenemos una preocupación porque no se cometan ejecuciones extrajudiciales, desde que el Ejército y las fuerzas federales  se ha involucrado en acciones de Seguridad Pública en el marco de la lucha contra el narcotráfico”. Este tipo de enfrentamientos resultan dudosos para la sociedad, pues no hay bajas en las fuerzas federales, pero sí en los civiles armados que supuestamente inician los ataques.

La agencia  recordó otros casos en los que elementos del Ejército denuncian que repelieron un ataque, cabe destacar que las reglas de las fuerzas federales no permiten a los soldados disparar contra civiles armados sólo si los civiles disparan primero. “En algunos casos hay evidencia de que las bandas de narcotraficantes fuertemente armadas han atacado a las fuerzas armadas. Pero mucho más comunes en los últimos tiempos son los casos en los que los soldados dicen que fueron atacados y sólo los atacantes murieron”, planteó la activista.

La publicación puso de ejemplo tres casos:

• El Ejército informó de un choque el 08 de mayo en el estado de Zacatecas en la que las tropas mataron a siete hombres armados sin sufrir bajas.

• En cuatro casos en el lapso de una semana a finales de abril, los funcionarios dijeron que las fuerzas federales mataron a 12 hombres que los atacaron, pero no sufrieron bajas propias.

• El Ejército dijo que los soldados mataron a otros 11 presuntos sicarios que dispararon contra ellos en el estado norteño de Tamaulipas en 2010.

Los militares han estado en la mira de los organismos defensores de los Derechos Humanos de México y del extranjero. “El Ejército no está preparado para ejercer funciones de Seguridad Pública, ni enfrentar a la delincuencia organizada ni a la delincuencia común. Los militares cometen muchos errores por falta de capacitación para enfrentar estas situaciones y por eso han cometido graves violaciones a los DDHH”, añadió la directiva del IMDHD, Rocío Culebro.